Redacción: Fernando Leyton | Para el diario La República
Los miembros de esta familia viven con miedo. Sienten que los vigilan, que los pueden matar en cualquier momento. Cambian de rutina todos los días, no salen de noche, desconfían de todos. Dicen ser víctimas de una “guerra” de la que no pidieron ser parte.
Al regresar del colegio, las dos adolescentes de la casa le cuentan a su hermana mayor que vieron a “los malos“, que las estuvieron siguiendo. Están asustadas, nerviosas. “Ya no hay que vivir acá, hay que irnos a otro lado”, reclaman.
La hermana mayor escucha y las tranquiliza, aunque a ella misma le cuesta mostrarse calmada. Más tarde dice, mientras trata de contener el llanto: “Esto ya es demasiado. No quiero vivir así. No quiero vivir como escapando. Mi vida de la noche a la mañana ha cambiado radicalmente. No entiendo”.
Su madre, Norma Fructuoso, fue asesinada el 19 de abril. El ataque estuvo dirigido contra toda la familia que había pasado la tarde pegando afiches con el rostro de Samir Brito Fructuoso, uno de sus hijos que estaba desaparecido. En el distrito de Paramonga, donde vivía, muchos la habían visto hacer lo mismo en varias ocasiones.
El asesinato de Norma, para la Policía, no se explica sin la desaparición de su hijo. En perspectiva más amplia, la historia de este caso refleja varias aristas del problema de inseguridad que vive hoy la provincia de Barranca, donde los enfrentamientos entre organizaciones criminales han ocasionado una imparable racha de homicidios por encargo.
Escalada de violencia
Según todas las fuentes policiales consultadas para este reportaje, hechos como la desaparición de Samir y el asesinato de Norma son parte de un círculo vicioso de muerte y venganza, cuyo trasfondo es el control de actividades ilegales como el narcotráfico, la extorsión y, sobre todo, la minería ilegal.
La escalada de violencia ha generado una elevada cantidad de muertos, aunque el número varía por mucho de acuerdo con cada fuente (ver infografía).
La Región Policial Huacho, que abarca cuatro provincias, entre ellas Barranca, tiene registrados ocho homicidios con arma de fuego (sicariato) hasta abril de este año. La municipalidad provincial de Barranca, por su parte, cuenta 16 en los cinco distritos de la jurisdicción (Barranca, Paramonga, Pativilca, Supe y Supe Puerto). La Prefectura y el Gobierno Regional de Lima aseguran que ya son 26.
Todas las autoridades, policiales y civiles, señalan que en la mayoría de estos asesinatos las víctimas son personas vinculadas con diferentes delitos y organizaciones criminales.
“Se están matando entre ellos”, dice una fuente de la comisaría de Barranca. “Todos estos crímenes están ubicados en un sector que está identificado como infractores de la ley. Gente metida en el sicariato, en el crimen organizado, en la venta de drogas”, coincide Deana Morris, subprefecta provincial.
Ese diagnóstico no quita, sin embargo, que en medio de la disputa criminal haya también víctimas inocentes.
Sobre Samir Brito, que sigue desaparecido, se sabe que salió de casa el 27 de abril para trabajar en un campamento de minería ilegal. La Policía todavía investiga cuáles eran sus funciones específicas para determinar si estaba involucrado en otras actividades delictivas.
Edgar Brito, padre de Samir y esposo de Norma, dice confiar en la inocencia de su hijo desaparecido, aunque aclara que no lo escudaría si el sistema de justicia prueba lo contrario. Asegura que él aceptó el trabajo en la mina por necesidad, ya que debía mantener a su pequeña de un año.
“Si yo hubiera sabido que mi hijo estaba metido en algo, yo no lo hubiera apoyado, hubiera dejado que asuma y pague. No es como dicen en la comisaría que los han matado por enfrentamiento entre bandos. ¿Qué bando? ¡Nosotros no somos de ningún bando!”, asegura.
Esos “bandos”, sin embargo, existen, están enfrentados. Y al exigir en público acciones para encontrar a Samir, la familia se ganó enemigos que no buscaba.
“La señora hacía caravanas para buscar a su hijo. Colocaba pancartas y atrajo la atención. Empezó a levantar polvo y al parecer han querido silenciarla. Es una hipótesis”, revela un agente del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de la provincia de Barranca.
En otro caso, ocurrido en marzo, es todavía más claro que la guerra entre criminales deja víctimas “colaterales”, no necesariamente por balas perdidas.
Aquella vez, dos sicarios a bordo de una motocicleta dispararon contra una camioneta en la que viajaba Bryan Vega Sifuentes, de 20 años, a quien la Policía sindicó como responsable de cobrar cupos de construcción civil. El piloto del vehículo atacado, al intentar escapar, atropelló a tres mujeres, entre ellas Magaly Villanueva Rosales y Julia Ayala de la Chira. Ambas fallecieron.
La Policía no incluye esas muertes en su registro de homicidios por sicariato, lo que explicaría en parte la diferencia en las cifras entre las instituciones.
Los responsables
La Depincri de Barranca ha identificado que son tres las principales organizaciones criminales detrás de la racha de asesinatos. Cada una de ellas tiene el control territorial de un distrito de la provincia, desde donde dirigen sus acciones para hacerse con más poder, dinero ilícito y ampliar su área de influencia.
Una de estas organizaciones, conocida por lo pronto como ‘Los Barranquinos’, opera desde la capital de la provincia y está bajo el mando de ‘Alias Octavio’. Las fuentes policiales coinciden en que dicho sujeto se convirtió en el cabecilla tras el asesinato de Rodolfo Ramírez Pichilingue, más conocido como ‘Monincho’.
‘Monincho’, que tenía antecedentes por robo agravado, fue asesinado en abril pasado en el barrio de ‘Chocoy’, una suerte de ‘zona liberada’ donde no entra ni la Policía ni el serenazgo. Se sabe que desde allí, donde ya se cuentan tres muertes este año, se dirige el narcotráfico local.
Otra organización ha sido bautizada como ‘Los Paramonguinos‘, dirigida por un criminal conocido como ‘Cholo Huánuco’. El principal interés de esta banda es controlar los campamentos ilegales de oro que existen en el límite con Huarmey, en particular un sector denominado como la ‘Cruz de Arévalo’.
Una tercera organización está asentada en el distrito de Pativilca y se sospecha que está formada por remanentes de otras bandas ya desaparecidas.
La disputa entre estos grupos criminales no es reciente. Los orígenes de esta “guerra” se rastrean hasta la desarticulación de ‘Los Chicos Malos de Pativilca‘, cuyos primeros integrantes fueron capturados en 2014. Dicha organización se dedicaba también a la extorsión de mineros ilegales, a quienes ofrecían sus “servicios de seguridad”.
A pesar de estar presos, los antiguos miembros de esa organización formaron luego ‘Los Patrones de Barranca II‘, desarticulada en diciembre del año pasado durante un megaoperativo.
Esas “grandes capturas” se consiguieron por acción de equipos especializados enviados desde Lima, ya que la presencia policial en la provincia es limitada. Se calcula que existe solo un agente por cada mil habitantes. Las autoridades locales han solicitado mayor dotación policial, pero la respuesta ha sido que recibirán más suboficiales en julio, cuando se gradúe la nueva promoción.
La muerte o captura de mandos altos o medios de dichas organizaciones, explican fuentes de la región policial, genera también “vacíos de poder” que nuevos criminales buscan ocupar. Así, en la provincia se ha instaurado una dinámica perversa en la que el crimen organizado, lejos de desaparecer, se renueva y se vuelve más cruento.
Diferencia
Delincuencia organizada. Bandas pequeñas que se disuelven una vez repartido el botín. Este año se han desarticulado 32 en Barranca.
Crimen organizado. Organizaciones delictivas permanentes con estructura “empresarial”.
El fracaso de Barrio Seguro: señal de descoordinación y de autoridades enfrentadas
Las diferentes cifras de homicidios muestran la falta de coordinación entre las autoridades de Barranca. Tal vez la prueba más contundente es el fracaso del programa Barrio Seguro instalado en Chocoy.
Como parte de la iniciativa, puesta en marcha en octubre del 2016, en el peligroso barrio se distribuyeron 50 policías, tres de los cuales fueron heridos de bala solo un día después de la ceremonia de inauguración. Uno de ellos falleció.
Con el paso de los meses, cuenta una fuente del programa, la cantidad de efectivos se redujo considerablemente. Ahora solo quedan dos, los cuales muchas veces no realizan el patrullaje por la tensión existente en la zona, como ocurre en la actualidad.
La noche del 26 de mayo pasado, en Chocoy, asesinaron a una joven identificada como Viviana Maldonado. La Policía asegura que el verdadero objetivo era Alfredo Espinoza Vargas, un sujeto con antecedentes por robo agravado y extorsión. Es probable que dicha muerte provoque una nueva venganza.
Por crímenes como estos, Barranca es en la actualidad la segunda provincia con mayor índice de criminalidad. La tasa de homicidios llega a 41 muertes por cada 100 mil habitantes.
En este contexto, el gobernador regional de Lima, Ricardo Chavarría Oria, ha solicitado la separación del comisario distrital de Barranca, el comandante Renzo Ángeles Puente. El oficial respondió: “Yo respondo a un comando. Si mis superiores deciden moverme, yo no tengo por qué molestarme”.
Por otro lado, durante un evento en Barranca, el director nacional de Seguridad Ciudadana, general PNP Jorge Oviedo Rodríguez, aseguró que la Policía se encarga de combatir la delincuencia, pero que la “sensación de inseguridad” también es responsabilidad de autoridades políticas. Esa declaración molestó al alcalde distrital, Ricardo Zender: “¿Cuál es la función de la Policía? Proteger al ciudadano. Para eso se creó. ¿Qué hacemos si no cumple su función?”, declaró muy enojado.
Las autoridades locales solo parecen coincidir en la necesidad de crear la División Policial Barranca, lo que ya ha sido solicitado.
Infografía de la Inseguridad Ciudadana en Barranca | Diario La República
