El fiscal provincial Jesús Ángel Sánchez Santos, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaura, decidió archivar la investigación que seguía contra los funcionarios de la Universidad Nacional de Barranca por los presuntos delitos de Colusión o Negociación Incompatible o Aprovechamiento Indebido del Cargo.
Consta en la Disposición Fiscal N°06 del caso 82-2017, con fecha 17 de mayo del 2019, que no procede formalizar ni continuar con una investigación preparatoria contra los funcionarios de la de la Universidad Nacional de Barranca (UNAB), en el marco de la Licitación Pública N°01-2017-UNAB, denominada “Mejoramiento de los Servicios de Estudios Generales en la Universidad Nacional de Barranca (…)” de 9.5 millones de soles.
Según el criterio del fiscal Jesús Ángel Sánchez Santos, luego de casi dos años de investigación, no habría encontrado ningún indicio de delito que amerite formalizar investigación contra los acusados, esto a pesar de las evidencias que se publicaron en el año 2017 respecto al tema.
Miembros del comité de selección
Llama la atención que en los argumentos que motivan el archivamiento de la investigación, el mismo fiscal admite que el comité de selección de la licitación de la obra, no cumplía con los requisitos establecidos en el Reglamentos de la Ley de Contrataciones del Estado, que en el artículo 23° señala “Tratándose de los procedimientos de selección de ejecución de obras (…) de los tres miembros que forman parte del comité de selección, por lo menos dos deben contar con conocimiento técnico en el objeto de la contratación. Cuando la Entidad no cuente con especialistas con conocimiento tecnico en el objeto de la contratación, puede contratar expertos independientes o gestionar el apoyo de expertos de otras Entidades a fin de que integren el comité de selección”.
Sobre este punto, el fiscal Jesús Ángel Sánchez Santos señala textualmente lo siguiente “(…) el hecho de que los miembros del comité de selección (…) no cumplían con contar con dos (02) miembros con conocimiento técino del objeto de contratación, dado que el señor Percy Arturo Olivares y la señora Noelia Magaly Cruz Caldas, no cumplían con tener conocimiento técnico al tener la profesión de Ingeniero de Sistemas y Contador Pública, respectivamente; a este respecto este Despacho considera que dicha apreciación en el entendido de resultar una irregularidad de connotación penal, no resulta acogible, por cuanto importa un desmerecimiento a priori y prejuzgado de las capacidades profesionales de tales miembros del comité especial de selección (…)”.
Profesionales que no estaban habilitados
Es decir, para el fiscal Jesús Sánchez Santos, no hay nada irregular en desacatar lo estipulado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, y que a pesar que los miembros del comité de selección no son profesionales afines al objeto de la contratación, el fiscal no logra establecer un vínculo con la denuncia penal por delitos de corrupción que investigaba.
Con este mismo razonamiento desarrolla el análisis de los otros hechos irregulares que se denunciaron, como es el caso de que el contratista ganador no contaba con profesionales hábiles en ejercicio, es decir, que el consorcio ganó la licitación sin que los miembros del comité de selección hayan logrado advertir esta irregularidad. ¿No es este acaso otro indicio de colusión? Pero el fiscal Jesús Sánchez también tiene una explicación para no seguir investigando estos hechos, pues aquí argumenta que es el Organismo Supervisor de las Contrataciones con el Estado quien debe pronunciarse sobre estos hechos, y no el Ministerio Público.
Fuentes de este medio de comunicación informaron que el fiscal Jesús Sánchez ha omitido pronunciarse sobre otros hechos relevantes de la denuncia, lo cual resulta sospechoso, y sobre todo porque los ciudadanos que denunciaron formalmente estos hechos nunca fueron notificados de las disposiciones fiscales, y tampoco fueron citados para tomar sus declaraciones.
Los investigados
Entre los investigados de este caso destacan: 1) Noelia Magaly Cruz Caldas, como jefa de logística y Presidenta del Comité Especial; 2) Miguel David Girón Chávez, como Director de Infraestructura de la UNAB y miembro del Comité Especial; 3) Percy Arturo Olivares Arteaga, como responsable de la unidad formuladora de la UNAB y miembro del Comité; 4) Inés Miriam Gárate Camacho, como Presidenta de la Comisión Organizadora de la UNAB; 5) Doris Ester Ramos Paucar, como directora de Infraestructura de la UNAB; 6) Luis Enrique Carillo Díaz, como Vicepresidente de Investigación de la Comisión Organizadora de la UNAB; 7)Abidan Tipio Yanap, como Secretario General de la UNAB; 8) Tarcila Cruz Sánchez, como Representante Académica de la UNAB; 9) Constantino Javier Acuña Valencia, como representante de la empresa A y G Grupo Inmoviliario SAC, participante del postor ganador: Consorcio UNAB; y 10) Diana Capillo Portugal, hermana del gerente de URMA SAC.
Este fue el organigrama que se publicó en el año 2017 sobre la empresa URMA SAC, empresa que forma parte del consorcio que ganó la licitación de la obra de 9.5 millones de soles en la UNAB. URMA SAC tenía la misma dirección del domicilio del fiscal anticorrupción Cristian Paul Ventocilla Marín, y sin embargo a este fiscal no se le ha considerado en esta investigación.
