Redacción: OFIP ANP
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP condena el hostigamiento judicial que viene afectando al periodista Carlos Yofré López Sifuentes, quien ha sido querellado por el juez superior Víctor Raúl Reyes Alvarado, actual presidente de la Sala Penal de Apelaciones de Huaura.
El magistrado presentó la querella contra López Sifuentes -del portal web Barranca.pe- por una serie de comentarios que el periodista difundió en sus redes sociales, en las que vertía opinión sobre presuntos actos de corrupción en el poder judicial de Huaura.
Adicional a ello, el hombre de prensa recogía testimonios que presentaban evidencias de la presunta comisión del delito de acoso y hostigamiento sexual por parte del magistrado.
Yofré López, en comunicación con la Oficina de los Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, aclaró que en ningún momento realizó imputaciones directas, por el contrario, según explicó, mantuvo los márgenes de consideración al expresarse en forma condicional y con el uso de supuestos.
Sin embargo, en enero del presente año, el juez Reyes Alvarado formuló la querella solicitando 4 años de pena privativa de libertad y 100 mil soles de reparación civil en el Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de Huaura.
En aquella ocasión, gracias al trabajo de la abogada del periodista, se logró que el magistrado Juan Carlos Díaz Martínez desistiera del caso por no ser juez competente, por lo que, la querella pasó a la sede judicial de Barranca en agosto.
Ya en la nueva circunscripción, el caso pasó al Primer Juzgado Penal Unipersonal de Barranca, a cargo del juez Williams Lezameta Rueda, quien es subordinado del querellante Reyes Alvarado, además de mantener vínculos amicales con este.
Tomando en cuenta la relación existente entre el querellante y el titular de la sala, la defensa del periodista formuló recusación en su contra, la misma que resolvió no convenir.
Es entonces que la recusación sube a la Sala Penal de Apelaciones de Huaura que preside el juez Víctor Reyes Alvarado (el querellante). A pesar de que el magistrado se inhibió del caso, el último 16 de diciembre sus colegas la declararon infundada.
Actualmente, el hombre de prensa está a la espera de que la Sala Penal resuelva un nuevo recurso de apelación presentado contra la resolución que denegó los medios probatorios que exponía su defensa.
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú hace un llamado a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) para que fiscalice de manera particular el accionar de los jueces en este caso, teniendo en cuenta que podría producirse un abierto conflicto de intereses.
Asimismo, la ANP recuerda que en el país no existe delito de opinión y subraya la pronta necesidad de despenalizar los denominados delitos de prensa en el país. Las querellas contra hombres y mujeres de prensa siguen utilizándose como instrumento para inhibir la denuncia periodística, por la amenaza de prisión que prevé el ordenamiento jurídico nacional peruano.
