La reciente disposición del fiscal especializado en delitos de corrupción, Jesús Ángel Sánchez Santos, de archivar preliminarmente la investigación por el delito de Tráfico de Influencias seguido contra Luis Eduardo Arréstegui, alcalde de Paramonga, ha generado un intenso debate público. Esta decisión, detallada en la disposición fiscal número 4 del caso 130-2023, fechada el 30 de octubre, ha puesto en tela de juicio la efectividad y la integridad de la fiscalía anticorrupción de Huaura.
El caso se centraba en las acusaciones contra Arréstegui y Roberto Alonso Bernaldo Cruz, Jefe de la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Paramonga (MDP), por presuntas irregularidades en la designación de cargos y falsificación de documentos. La investigación buscaba determinar si Bernaldo Cruz, nombrado por Arréstegui, poseía las calificaciones necesarias para su puesto, específicamente un título profesional universitario, conforme al Decreto Supremo N° 053-2022-PCM.
A pesar de los indicios de falsificación de documentos académicos por parte de Bernaldo Cruz, el fiscal Sánchez Santos concluyó que no había suficientes elementos para sostener la acusación de Tráfico de Influencias, aunque sí señaló posibles delitos de designación y aceptación irregular del cargo y falsificación de documentos.
Esta resolución ha suscitado preocupaciones, sumándose a una serie de decisiones similares de la fiscalía, donde se han archivado investigaciones contra figuras políticas en actividad. La posibilidad de elevar una queja ante el fiscal superior está abierta, pero el plazo para hacerlo concluye el lunes 13 de noviembre, y requiere la intervención de un abogado.
El caso destaca los retos en la lucha contra la corrupción en el Perú, poniendo en evidencia la necesidad de mayor transparencia y responsabilidad en la administración pública. La decisión de archivar el caso, aunque aparentemente fundamentada, plantea serias preguntas sobre la determinación y eficacia de las instituciones encargadas de combatir la corrupción en el país.
