foto de juez
Juez Eduardo Loloy Anaya

El 24 de febrero del 2020, el niño de iniciales S.S.J.B.Q (10), fue víctima de agresión sexual por parte de un grupo de adolescentes en la playa La Isla de Supe Puerto.

En las declaraciones ofrecidas a la fiscalía, los adolescentes agresores confesaron que entre cuatro amigos fastidiaron sexualmente al niño de 10 años. Ellos se encontraban «jugando» en la arena y llegaron a introducir por el ano la mitad de un palito de 8 centímetros aproximadamente. Este acto se repitió varias veces, y los esfuerzos del niño en resistirse fueron inútiles, ya que sus agresores eran más fuertes.

Intervienen a los agresores

La madre de la víctima que se encontraba trabajando a 200 metros, al ser advertida de los hechos, llamó inmediatamente a la policía. Los agentes llegaron en una patrulla e intervinieron a todos los muchachos que participaron de la agresión.

Con las pruebas obtenidas, la fiscalía denunció penalmente a los adolescentes de iniciales L.A.L.L. y N.G.A.L., de 15 y 14 años respectivamente, por el presunto delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual en menor de edad.

Además, como medida preventiva contra los denunciados, la fiscalía solicitó 4 meses de albergamiento en un centro de rehabilitación juvenil, para ello, aportó como pruebas las declaraciones de los testigos y el certificado del médico legista.

Certificado del médico legista

Las conclusiones médicas señalan literalmente que la víctima presenta «actos contra natura reciente», evidenciadas por las «erosiones rojizas en su esfera anal». Sin embargo, el juez Eduardo Genaro Loloy Anaya, no tomó en cuenta estas conclusiones médicas a la hora de resolver, y sin la debida motivación decidió dejar en libertad a los acusados.

La fiscalía estaría presentando la apelación contra el dictamen del juez Eduardo Loloy Anaya, con la finalidad de evitar que este acto de violación quede impune. Mientras tanto, la abogada defensora de la víctima, evalúa una posible queja ante la OCMA contra el magistrado Loloy Anaya, por inconducta funcional.

Los familiares del menor agraviado manifestaron su indignación por el proceder del Poder Judicial de Barranca, y exigen que la justicia no esté administrada por magistrados que tergiversan los hechos promoviendo la impunidad.