César Álvarez, exgobernador regional de Ancash, popularmente identificado como «La Bestia», ha sido condenado en primera instancia a 8 años y 3 meses de cárcel, por haber recibido 2.6 millones de dólares de coima de parte de la empresa ODEBRECHT.

A cambio esta coima, el exgobernador benefició ilegalmente a ODEBRECHT para la contratación de la construcción de la Carretera Chacas – San Luis. Pero a pesar de la condena en su contra, parece que el negocio no le salió tan mal a César Álvarez ya que en el sistema judicial peruano se evidencian castigos similares, pero por delitos menores.

Hay delitos que han recibido condenas mucho más severas en casos de irrelevancia social, casos donde el perjuicio económico es ínfimo en comparación con el caso Lava Jato. Parece que el Ministerio Público y el Poder Judicial no miden a todos con la misma vara de la Ley y la Justicia.

Condenas por robo de celular

Por ejemplo, en abril del 2019 un juez condenó a 8 años de cárcel a un delincuente en el Callao por haber robado un celular, y por haber amenazado con arma blanca a su víctima. En el mismo distrito, otro sujeto fue condenado a 10 años de prisión por tentativa de robo, ya que fue capturado en flagrancia cuando robaba el celular de un estudiante.

Por un celular, el Poder Judicial llegó a sentenciar a 20 años de cárcel a un sujeto en el departamento La Libertad (robo agravado). En la Corte de Huaura se ha condenado hasta 6 años de cárcel a un exfuncionario por solicitar una coima de mil soles. A la misma cantidad de años condenaron a otro muchacho por robar un celular y utilizar su mototaxi para fugarse.

La lista continúa y es muy extensa, pues no son casos aislados, incluso han condenado a policías de tránsito a 6 años de prisión por pedir 10 soles de coima. También hay casos de jueces corruptos, uno de ellos en Arequipa, a quien castigaron penalmente a 9 años de prisión efectiva por pedir cuatro mil soles de coima.

Por lo tanto, la condena lograda contra César Álvarez, considerando el daño real que representa su delito, considerando la sobrevaloración de costos de la obra licitada, la cantidad de funcionarios implicados, y la millonaria suma de la coima recibida, no parece ser ni de lejos una condena ejemplar en el sistema judicial del Perú.

Creación de la «Corte Anticorrupción»

Cuando el juez Duberlí Rodriguez era el presidente del Poder Judicial, anunció la creación de la Corte Superior para Casos de Corrupción y Crimen Organizado, para lo cual contaba con 80 millones de soles de presupuesto. Irónicamente, el juez Duberlí tuvo que renunciar a la presidencia justamente por estar vinculado al caso de «Los cuellos blancos», tal como se verificó en los audios propalados en los medios.

De todas formas la «Corte Anticorrupción» fue creada y ahora está funcionando, siendo ahora su logro más promocionados, esta primera condena penal de corrupción por el caso Lava Jato. Pero en la práctica, este caso ha recibido un castigo penal parecido al que recibe un ladrón de celulares, o al de un policía de tránsito que pide 10 soles de coima.

El sobrecosto más escandaloso

Recordemos que la obra de la contrucción de la carretera Carhuaz – Chacas – San Luis, tuvo un valor inicial de 404 millones de soles, pero terminó costando 559 millones, según el potal de noticias de Huaraz «el sobrecosto más escandaloso del país».

Quien denunció los hechos de corrupción que hoy se codenan, fue el exregidor Ezequiel Nolazco, a quien asesinaron a sangre fría posteriormente para silenciarlo. Por lo tanto, debemos considerar que aun falta mucho para lograr una verdadera justicia en este caso, y el país en general debe hacer un gran esfuerzo para erradicar la corrupción de todas las esferas sociales.

El Ministerio Público está orgulloso de los acuerdos arribados con la empresa ODEBRECHT, pues se habla de muchos millones en pagos de reparación al Estado. Sin embargo a la población no se les plantea los cálculos matemáticos de los sobrecostos que cobró OBEDRECHT por las obras, y tampoco se explica en qué se va a invertir todo el dinero que se va recuperando.

Esperemos que contraloría aplique medidas preventivas a las licitaciones públicas en adelante, y que las coimas no se reciclen.